Codicia farmacéutica

Las farmacéuticas en USA suben los precios por la posible reforma en salud. Y eso ocurre pese a que los precios generales han descendido.

Ver http://tinyurl.com/y8gaaxv

LJ

En memoria de Carlos Eroles

Bioética Latinoamericana se adhiere a las manifestaciones de pesar por la muerte de Carlos, ejemplo de lucha por la solidaridad y los Derechos Humanos.

Aborto y objecion de conciencia: Una importante decision judicial

Iñiga Pérez Cabrera nos envía este aporte desde México

La Corte Constitucional Colombiana ha emitido una sentencia de trascendencia internacional que aclara los deberes legales de proveedores, hospitales y sistemas de salud en el caso de objeción de conciencia a la práctica del aborto legal.

La decisión establece la obligación en cabeza de los proveedores objetores a remitir pacientes a proveedores que no lo sean. De otra parte, determina que los hospitales, clínicas y otras instituciones no poseen el derecho a la objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia es siempre personal, y aunque las personas que ejercen la dirección de un
establecimiento de salud o educativo tengan creencias religiosas, la
institución en sí misma no. Su deber profesional y legal es el de garantizar que los respectivos servicios a sus pacientes sean provistos de manera oportuna. Además. los hospitales y otros administradores de salud no tienen la opción de objetar porque no participan en los procedimientos que están en la obligación de facilitar.

Los proveedores que sean objetores deben tener conocimiento de proveedores que no lo sean y a quienes puedan remitir sus pacientes. De igual manera, las escuelas de medicina deben capacitar adecuadamente a proveedores no-objetores y las respectivas autoridades veedoras deben autorizarlos.
Donde éstos no se encuentran, quizá se puedan capacitar, equipar y autorizar a parteras y enfermeros para prestar este servicio de manera adecuada.

La decisión de la Corte tiene una amplia incidencia en la manera como los sistemas de salud deben manejar tanto la objeción de conciencia como los derechos constitucionales y legales de los pacientes.

A partir del caso de una niña de 13 años violada, embarazada e infectada con una enfermedad venerea, a quien luego le fuera rechazada por varias
instituciones de salud la realización de un aborto que le correspondía
legalmente, la corte constitucional colombiana estableció una serie de
reglas que el sistema de salud debe cumplir, así como el alcance del derecho a la objeción de conciencia.

- El derecho humano al respeto de la conciencia es de las personas y no de las instituciones. Estas deben contar con profesionales que puedan realizar abortos legales.
- El sistema de salud debe proporcionar una oferta adecuada y debe tener información sobre quien provee y quien no este servicio.
- El derecho a la objeción no es absoluto, no puede desencadenar la
violación de derechos fundamentales de otras personas.

En http://tinyurl.com/y9e5ynv

Derechos, pero no tanto…

9 de Agosto:

Día de los Pueblos Indígenas y de la Declaración de sus Derechos

Bartolomé Clavero

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Es el mejor de los tiempos. Es el peor de los tiempos. Es la edad de la justicia. Es la edad de la codicia. Es el periodo de las luces. Es el periodo de las sombras. Es la primavera de la esperanza. Es el invierno de la desesperación. Todo se tiene al alcance. Nada se tiene al alcance. Es, en suma, la historia de dos mundos paralelos llamados abiertamente a encontrase y condenados aparentemente a no hacerlo. En uno de ellos los Estados asociados en las Naciones Unidas proclaman la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas con reconocimiento del derecho al autogobierno en los propios territorios y conforme a las propias culturas. En el otro mundo, entre tales Estados se emprenden políticas que arruinan la posibilidad misma de eficacia y arraigo de la Declaración.

Hay Estados que no ocultan su reluctancia. La última ocasión de diálogo entre Estados acerca de la Declaración se ha dado en el seno del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas durante este último mes de julio con ocasión de la deliberación sobre el informe del último periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. La India abre el fuego sobre la Declaración. Tras expresar su apoyo a la misma, manifiesta que en su caso toda la población es indígena distinguiéndose tan sólo, si acaso, grupos tribales a los cuales entiende que, por definición, no se les aplica la Declaración. India exige a Naciones Unidas que cuide la terminología. He ahí el peor de los escenarios.

En el mejor de los escenarios, habría de tomarse en cuenta que la categoría de tribal es una herencia colonial, directamente británica en el caso de la India, que la Declaración precisamente ha superado. Igual que ya, tras la Declaración, no se vale eso que dice el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes sobre que “la utilización del término ‘pueblos’ en este Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional”, igualmente, tras la Declaración, ya no debiera caber distinción entre pueblos indígenas y los mal llamados pueblos tribales. A todos ellos debe aplicárseles la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata precisamente de lo que exige la India, esto es que haya rigor en la terminología.

Canadá interviene congratulándose del trabajo del Foro Permanente en su último periodo de sesiones, pero añadiendo enseguida críticamente que a su entender el mismo ha desbordado su mandato al realizar comentarios sobre el valor de la Declaración. Para Canadá, esto supone que ha comenzado a comportarse como un comité de tratados de derechos humanos cuando es claro que la Declaración no es un tratado. Canadá espera que en el próximo periodo de sesiones el Foro rectifique. Lo que está así en sustancia requiriéndose es que se ignore el artículo 42 de la Declaración: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración y velarán por su eficacia”. Canadá pretende que se regrese del mejor al peor de los mundos.

Estados Unidos pregona a continuación su compromiso con la promoción de los derechos de los pueblos indígenas tanto interna como internacionalmente, por lo que reitera que, tal y como apoyó la creación, apoya el trabajo del Foro Permanente. Sin embargo, secunda a Canadá expresando su decepción por dicho comentario sobre el valor de la Declaración. Niega al Foro autoridad para interpretarla y para efectuar seguimiento de las políticas de los Estados respecto a los derechos de los pueblos indígenas. Rusia se suma a esta interpretación que algunos Estados por sí solos se permiten. Entre el peor y el mejor de los mundos, ha de valorarse en todo caso que, aun queriéndose así ignorar su valor, ni Canadá ni los Estados Unidos ni la Federación Rusa hayan reiterado en esta última ocasión la posición contraria a la Declaración que manifestaron con su voto negativo en la Asamblea General de Naciones Unidas el día de su adopción, el 13 de septiembre de 2007.

La última intervención es de Suecia en nombre de la Unión Europea expresando su apoyo al Foro en términos no sólo genéricos, sino bien específicos: “La Unión Europea considera obligado que el que el Foro actúe conforme al mandato recibido del Artículo 42 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”. De parte de la Unión Europea no hay así crítica para con el ya famoso comentario del Foro permanente sobre el valor normativo de la Declaración. Es importante esta posición oficial de la entera Unión pues, durante el último periodo de sesiones del Foro, algún Estado europeo estuvo cabildeando para cortocircuitar el acuerdo sobre la fuerza normativa de la Declaración  consiguiendo incluso que algún miembro del Foro, miembro propuesto por las organizaciones indígenas, se manifestase públicamente a favor de su valor meramente moral y así contra el propio comentario que acababa de aprobarse. Los Estados de la Unión Europea no siempre actúan unidos y también se sitúan todos ellos entre el mejor y el peor de los mundos.

En Naciones Unidas, por sus muy diversos foros, de cara a la Declaración también hay Estados que guardan un silencio intencionado y otros que alardean en vano. Entre éstos se encuentran, por pasar a ejemplos de Latinoamérica, Chile, Perú y Colombia. Pregonan por doquier su respeto por los derechos humanos mientras que fomentan políticas de invasión y depredación de territorios y recursos indígenas que arrasan con toda posibilidad de sostenimiento material de ninguno de los derechos humanos reconocidos por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas o con la mera posibilidad de subsistencia de los pueblos indígenas mismos. Son Estados que predican el mejor y practican el peor de los mundos, el de un mundo genocida.

¿Qué mundo se celebra el nueve de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas? Así, con dicha denominación, lo estableció en 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar el día de 1982 en el que se inauguraron las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías, organismos que se ocupaban de asuntos indígenas sin que en su constitución participasen indígenas. Luego serían cooptados con voz y sin voto, con una voz a la que la misma parte indígena daría fuerza de voto por vía de hecho. Con todo lo así logrado, si la efemérides se declarase hoy, no hay duda alguna de que se le denominaría Día Internacional de los Pueblos Indígenas y de que se le fijaría el 13 de septiembre, fecha de la adopción de la Declaración. Con todas las implicaciones de una fecha y de la otra, entre el peor y el mejor de los mundos también se sitúan las Naciones Unidas, Foro inclusive como ha podido verse.

Entre indígenas no hay cabida en todo caso para las referidas dudas. Celebran el 9 de agosto el Día de los Pueblos Indígenas y de la Declaración sobre sus Derechos. Se sitúan por un día en el mejor de los mundos para luchar durante todo el año contra el peor de los mundos o, dicho en positivo, por sus derechos.

Acceso en http://alainet.org/active/32245

Otra de Elsevier…

Parece que la gente de Elsevier (supuesta editorial de “primer nivel”, editora del Lancet) no se plantea muchos problemas éticos. Al escándalo de hace poco con la pseudo revista publicada por encargo pago de la industria famacéutica, ahora se agrega esto de pagar por comentarios favorables a sus libros… Pero parece que fué “un error”, así que podemos quedarnos tranquilos, son buena gente.

BMJ, Published 14 July 2009, doi:10.1136/bmj.b2841

News
Elsevier says offering $25 gift cards for positive reviews was mistake
Helen Mooney
1 London

The publishing company Elsevier has confirmed that it was a mistake to offer $25 (£15; Euro 18) Amazon gift cards to academics contributing to the
academic textbook Clinical Psychology to encourage them to post favourable
“five star reviews.”

An email was sent by the company’s marketing division to contributors,
offering to pay them for positive online reviews of the book last month.

The email congratulated those who had contributed to the book and continued,”Now that the book is published, we need your help to get some 5 star reviews posted to both Amazon and Barnes & Noble to help support and promote it. As you know, these online reviews are extremely persuasive when
customers are considering a purchase. For your time, we would like to
compensate you with a copy of the book under review as well as a $25 Amazon
gift card.

“If you have colleagues or students who would be willing to post positive
reviews, please feel free to forward this e-mail to them to participate. We
share the common goal of wanting Clinical Psychology to sell and succeed.
The tactics defined above have proven to dramatically increase exposure and
boost sales. I hope we can work together to make a strong and profitable
impact through our online bookselling channels.”

A spokesman for Elsevier said that the email did not reflect company policy
and said that it had been the “mistake” of an Elsevier employee.

In a statement he said, “Encouraging interested parties to post book reviews isn’t outside the norm in scholarly publishing; nor is it wrong to offer to nominally compensate people for their time, some of these books are quite large.

“But in all instances the request should be unbiased, with no incentives for a positive review, and that’s where this particular email went too far.”

¿Nueva política frente a los conflictos de interés en USA?

La revista New England Journal of Medicine publica un trabajo de Steinbrook sobre este tema (Controlling Conflict of Interest — Proposals from the Institute of Medicine). Steinbrook hace una breve revision del tema y concluye haciendo una enumeración de las sugerencias del IOM.

Overview of IOM Recommendations about Conflict of Interest in Medicine.

• Institutions engaged in medical research and education, clinical care, and the development of clinical practice guidelines should “adopt and implement conflict of interest policies” and “strengthen disclosure policies.” They and other interested organizations (such as accrediting bodies, health insurers, consumer groups, and government agencies) should standardize the content, formats, and “procedures for the disclosure of financial relationships with industry.”

• Congress “should create a national program that requires pharmaceutical, medical device, and biotechnology companies and their foundations to publicly report payments to physicians and other prescribers, biomedical researchers, health care institutions, professional societies, patient advocacy and disease-specific groups, providers of continuing medical education and foundations created by any of these entities.” Until Congress acts, “companies should voluntarily adopt such reporting.”

• Academic medical centers, research institutions, and medical researchers should “restrict participation of researchers with financial conflicts of interest in research with human participants.” Exceptions “should be made public” and occur only if a conflict-of-interest committee “determines that an individual’s participation is essential for the conduct of the research” and if there is “an effective mechanism for managing the conflict and protecting the integrity of the research.”

• Academic medical centers, teaching hospitals, faculty members, students, residents, and fellows should “reform relationships with industry in medical education”; these institutions and professional societies “should provide education on conflict of interest.”

• The organizations that created the accrediting program for continuing medical education and other interested groups should reform the financing system so that it is “free of industry influence, enhances public trust in the integrity of the system, and provides high-quality education.”

• Physicians, professional societies, hospitals, and other health care providers should reform physicians’ financial relationships with industry; the same standards should apply to community physicians, medical school faculty, and trainees. Physicians should forgo all gifts and other “items of material value” from pharmaceutical, medical-device, and biotechnology companies, accepting only “payment at fair market value for a legitimate service” in specified situations. Physicians should “not make educational presentations or publish scientific articles that are controlled by industry or that contain substantial portions written by someone who is not identified as an author or who is not properly acknowledged.” Physicians should “not meet with pharmaceutical and medical device sales representatives except by documented appointment and at the physician’s express invitation” and should “not accept drug samples except in certain situations for patients who lack financial access to medications.” Until institutions change their policies, physicians and trainees “should voluntarily adopt” these recommendations “as standards for their own conduct.”

• Medical companies and their foundations should reform interactions with physicians — for example, by instituting “policies and practices against providing doctors with gifts, meals, drug samples (except for use by patients who lack financial access to medications), or other similar items of material value and against asking physicians to be authors of ghostwritten materials.” Consulting arrangements “should be for necessary services, documented in written contracts, and paid for at fair market value.” Companies “should not involve physicians and patients in marketing projects that are presented as clinical research.”

• Groups that develop clinical practice guidelines should restrict industry funding and conflicts of panel members. Various entities, including accrediting and certification bodies, formulary committees, health insurers, and public agencies should “create incentives for reducing conflicts in clinical practice guideline development.”

• The governing bodies of institutions engaged in medical research, medical education, patient care, or guideline development “should establish their own standing committees on institutional conflicts of interest” that “have no members who themselves have conflicts of interest relevant to the activities of the institution.”

• The National Institutes of Health should revise federal regulations to require research institutions to have policies on institutional conflicts of interest, including “the reporting of identified institutional conflicts of interest and the steps that have been taken to eliminate or manage such conflicts.”

• Oversight bodies and other groups should “provide additional incentives for institutions to adopt and implement” conflict-of-interest policies, such as by publicizing the names of institutions that have instituted the recommended policies and those that have not.

• The Department of Health and Human Services and its agencies should develop and fund research agendas on conflict of interest.

Acceso en http://tinyurl.com/dyudom

Acceso al informe del IOM: http://tinyurl.com/da3wve

Comités de ética en investigación comerciales ¿y la ética?

How ethical are for-profit institutional review boards?

The Lancet

Committee on Energy and Commerce

On April 14, the US Food and Drug Administration (FDA) sent a warning letter to Coast IRB of Colorado Springs, CO, a for-profit institutional review board (IRB), in which it outlined serious failings in the company’s processes to approve research studies in human beings. Coast agreed to the FDA’s demand to halt new enrolments to ongoing FDA-regulated studies, to approve no new studies, and to outline plans for corrective actions within 15 days. This letter follows a congressional hearing by a subcommittee of the Committee on Energy and Commerce last month. In that hearing, the findings of a 14-month undercover operation by the US Government Accountability Office (GAO) were discussed. GAO investigated so-called independent IRBs that operate for profit and largely serve industry-funded research in private offices or hospitals. As part of that operation, GAO submitted a fictitious protocol of a high-risk intervention with serious gaps, especially on safety information. The study involved application of 1 L of an ill-defined substance to the abdominal cavity of women after surgery to minimise adhesions. The protocol was sent to three independent IRBs. Two sent it back immediately because of serious safety concerns. Coast IRB approved it unanimously (7:0) with only minor changes, concluding that the intervention is “probably very safe”. In the hearing, the Committee’s Chairman, Henry Waxman, explained how Coast had reviewed 356 protocols in the past 5 years and approved all of them, and all but one unanimously. Coast aggressively marketed its approval as very fast and offered a “get your first one free worth US$1300” coupon, then “coast through your next one”. Its revenue has almost doubled to $9·3 million in the past 4 years. Commercial IRBs approve only a small proportion of all research studies. Yet Coast alone approved 300 studies that are ongoing, and questions remain about how many of these have shortcomings. Protecting research participants is an extremely important part of research governance. Without adequate rigorous oversight, trust in research will be seriously undermined. Commercial considerations must not be allowed to override thorough ethical approval processes.

The Lancet, Volume 373, Issue 9673, Page 1400, 25 April 2009

Bienvenida a dos nuevos blogs latinoamericanos sobre bioética

La incorporación al ciberespacio de dos nuevos blogs sobre bioética pensados desde nuestra región, es una excelente noticia para todos los que estamos comprometidos con el debate de ideas en Latinoamérica. Lo que menos necesitamos es la aceptación acrítica de dogmas, y debemos sustituir esto por una discusión respetuosa del otro, a través de la exposición de ideas para que sean sometidas a la crítica.

Bienvenidos entonces

Investigación y bioética, blog de Julio Canario, accesible en http://invetica.blogspot.com

El blog de Miguel Suazo, del mismo, accesible en http://eticabioetica.obolog.com

¡Ojalá que este enriquecimiento del espacio de debate en Latinoamérica siga creciendo!

LJ

Prácticas bioéticas cotidianas

 

Esta Carta de Lectores apareció hoy en el Diario Rio Negro:

“Una práctica que se ha naturalizado en la región”

El 6 de diciembre de 2007 mi esposa se internó en la Clínica Pasteur de Neuquén para que un conocido traumatólogo de esta ciudad le realizara una cirugía de cadera. Luego de entregar los datos requeridos para el ingreso, la recepcionista nos solicitó que firmáramos dos papeles preimpresos; uno, el consentimiento informado en blanco y sin la firma del cirujano y otro, un documento en el que dejábamos claro que habíamos sido bien atendidos durante el proceso de internación.

Nuestra hija, que es médica pediatra desde hace 30 años en esta ciudad, nos sugirió que firmáramos el formulario de consentimiento informado en la oportunidad en que lo llenara y lo firmara el cirujano; asimismo, nos indicó que hiciéramos lo propio con el conforme por la internación cuando nos retiráramos de dicho nosocomio. El cirujano, enfurecido, se negó a llenar y firmar el consentimiento informado en ese momento y, atento a que nos negamos a firmar en blanco, suspendió la cirugía.

La cirugía en cuestión es de alta complejidad; requiere varios días de preparación física y muchos más de preparación psíquica para los ancianos que debemos reemplazar nuestra cadera enferma. Confiamos entonces en este médico sin saber que, en un tácito acuerdo con la clínica, acepta que ésta obligue a los pacientes a firmar un consentimiento informado en blanco como un trámite burocrático más so pena de suspender la cirugía si este hecho no tiene lugar.

Entendemos que el consentimiento informado es un evento íntimo entre el médico y su paciente en el que ambos acuerdan la práctica a realizar. Si es a través de la confianza mutua, nadie debe firmar y, si es un resguardo legal, el médico debe llenar este documento en el consultorio y deben firmarlo ambos, médico y paciente. Las consecuencias de la suspensión de una intervención quirúrgica ya programada son indescriptibles. Los padecimientos tanto físicos como psíquicos, la angustia, el dolor y la incertidumbre fueron algunas de las derivaciones dañosas que dos personas ya mayores debimos soportar. Aclaramos que unos días antes, luego de semejante preparación, la cirugía ya había sido suspendida en la misma clínica por ausencia de material estéril.

Estos hechos motivaron que nuestra hija solicitara la aplicación de una sanción ética a su colega a través del Comité de Ética del Colegio Médico de Neuquén, al que este cirujano factura sus honorarios. Tras seis meses de espera el comité se expidió con una respuesta elíptica en la que no quiso expresar claramente que “no hubo falta ética en la solicitud de pedir al paciente la firma del consentimiento informado en blanco por parte del cirujano como condición necesaria para operar a la paciente”. El que no encontraran falta ética en lo sucedido quiere decir que consideran ético y plausible este comportamiento por parte de un socio de la institución colegiada.

Advertimos entonces a la comunidad que en la región esta práctica se ha naturalizado, quizá por los juicios de mala praxis iniciados a los médicos. No obstante, esto de ninguna manera justifica el avasallamiento de los derechos de los pacientes obligándolos a firmar el consentimiento informado en blanco minutos antes de una cirugía. Sabido es que el previo a una cirugía es un momento de máxima vulnerabilidad psíquica y física del paciente, y el que esta solicitud sea una condición impuesta para recibir una práctica médica por la Asociación de Clínicas y Sanatorios, aceptada por el médico, entregada por la secretaria de recepción y tácitamente silenciada por el Colegio Médico de Neuquén ante la indiferencia de la Subsecretaría de Salud es a todas luces inaceptable.

Nuestra hija hizo el reclamo en la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Neuquén, que se expidió mediante una clara resolución que apoya nuestra queja respaldándose en abundante jurisprudencia que ponemos a disposición de toda la comunidad. Agradecemos por este medio al Dr. Eduardo Martínez, quien humanamente nos contuvo y al fin realizó el reemplazo de cadera.

 

Alberto Antonio Centeno, DNI 2.309.170

Lady Olmos Cárdenas de Centeno, DNI 3.104.589

Neuquén

A quien esto escribe le fué requerido exactamente lo mismo en un prestigioso hospital docente de la Ciudad de Buenos Aires, en el momento de entrar al sitio donde le iban a realizar una práctica, por cierto, no exenta de riesgos, algunos de ellos graves. Cabe agregar, a modo de curiosidad, que este hospital tiene dos Comités de Ética, uno clínico y otro en investigación. 

Luis Justo

 

Ver en http://www.rionegro.com.ar/diario/2009/02/10/cartas_de_lectores.php

Con Sergio en Córdoba

Gracias a Iris Maders quien gentilmente me envió esta foto tomada en la reunión de la RedBioética-UNESCO en Noviembre del 2008 en Córdoba. Los presentes somos, de izquierda a derecha, Carlos Gherardi, Iris, Leila Mir Candal, Paz Bossio, este bloguista y Sergio.