Criminalización de las Demandas de los Pueblos Indígenas

El Informe Criminalización de las Demandas de los Pueblos Indígenas, Colombia, Chile y Perú fue elaborado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, para reunir la información y denunciar este preocupante proceso ante organismos y foros internacionales. Se seleccionó a tres de los seis países que reúne la CAOI. El documento final recoge en 36 páginas el proceso histórico, la evaluación política del Estado, la aplicación de políticas y prácticas de Estado y casos emblemáticos de cada país. Este Informe fue elaborado en la segunda mitad del año 2007.


INTRODUCCIÓN
Frente a la demanda de los pueblos indígenas por sobrevivir política y culturalmente a los procesos de homogenización y neocolonialismo impulsados por la economía de mercado, los Estados de los países examinados han respondido con el uso desproporcionado del poder. La incidencia y las movilizaciones colectivas indígenas, tanto como las populares y campesinas, son consideradas como “acciones criminales”.
En consecuencia, son numerosas las expresiones de conculcación de los derechos humanos y colectivos: desplazamiento forzado, amenazas, acusaciones penales, homicidios, señalamientos, estigmatizaciones y allanamientos ilegales por parte de la fuerza pública; masacres, desapariciones forzadas, secuestros y confinamiento colectivo por parte de grupos armados ilegales e insurgentes; detenciones arbitrarias de sus líderes y autoridades tradicionales.
La raíz del problema está en que las sociedades de los países examinados están construidas sobre modelos de dominación, exclusión y opresión que vulneran los derechos humanos de las mayorías. El neoliberalismo, individualista por definición, agudiza este fenómeno al generar la ruptura de los lazos de solidaridad, cooperación y reciprocidad entre las personas. Y esto se acentúa cuando los gobiernos optan por políticas de exclusión de las poblaciones que viven en áreas rurales muy lejanas de las ciudades.
Tal problema se agudiza con la puesta en marcha, entre fines de la década de los ochenta hasta hoy, de políticas económicas neoliberales que privilegian la inversión extranjera para la extracción de recursos naturales, reprimarizando las economías. En la aplicación de estos modelos, se conceden todos los privilegios a las empresas transnacionales, que incursionan en territorios indígenas, saqueando sus recursos naturales, contaminando el medio ambiente, especialmente el agua, desplazando poblaciones y atentando contra su salud y sus medios de vida (agricultura, ganadería). Todo esto implica el proceso de destrucción de las culturas originarias. En resumen, la sistemática vulneración de sus derechos humanos y sus derechos colectivos.
Ninguna de esas políticas y menos aún la incursión a sus territorios es consultada a los pueblos indígenas, cuya participación en las incompletas democracias es negada por los Estados. La negociación y firma a espaldas de los pueblos de tratados de libre comercio por esos Estados es parte de este proceso. A través de ellos se apoderan de los conocimientos de los pueblos indígenas y atentan también contra sus tradicionales fuentes de trabajo.
Un poder así construido sería inviable si no implementa un sistema de control social institucional. Es decir, necesita criminalizar el derecho a la protesta de los excluidos, de los afectados por políticas del Estado que no incorporan su derecho de ser consultados y su participación. En América Latina –y en particular en la región Andina, que alberga la mayor población indígena del subcontinente– neoliberalismo y criminalización son indesligables, como las dos caras de una misma moneda.
Los acontecimientos internacionales contribuyen a este acelerado proceso. Desde el 11 de septiembre del 2001 (atentado a las torres gemelas en Nueva York, Estados Unidos), las políticas de seguridad de los Estados han cambiando radicalmente, la lucha integral contra el terrorismo es frecuente y se plantea una falsa dicotomía entre la obligación de proteger a la población civil y la obligación de respetar los derechos humanos y los derechos colectivos.
Como consecuencia de la criminalización de las demandas, se reduce la protesta a un asunto de legalidad, soslayando las causas que la generaron al no abordar la naturaleza del conflicto. La persecución y sanción penal desplazan las acciones sociales y políticas; es decir, hay una judicialización de la política al convertir toda acción política en un delito.
Para justificarlo, cada vez que los problemas sociales se politizan se escuchan voces de defensa de la democracia, gobernabilidad, desarrollo, crecimiento, paz etc. Las reivindicaciones sociales devienen así en actos subversivos, los discursos que denuncian las injusticias se convierten en apología del delito y la movilización en rebelión. El conjunto de medidas represivas, con una persecución penal que disfraza la persecución política, va acompañado de campañas de desinformación mediáticas.
Detrás de estas políticas está el carácter profundamente racista de los Estados andinos, un racismo cuyo ejercicio se extiende sobre los pueblos indígenas durante 515 años, a partir de la invasión europea, y que se concreta en una desigualdad sistemática ante la ley: los pueblos indígenas son ignorados, perseguidos y criminalizados, violando permanentemente todos los instrumentos internacionales y las normas nacionales que condenan el racismo y establecen la igualdad de todas las personas ante la ley.
En todo este proceso, entonces, los Estados contradicen sus propias constituciones y las normas contenidas en los instrumentos internacionales.
Esto pese a que en el ámbito internacional, en las dos últimas décadas del siglo pasado, se produjeron cambios importantes en la política relativa a los pueblos indígenas debido a la coyuntura de los “Quinientos años[1]”, y la adopción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes en 1989[2].
La Carta Democrática Interamericana (suscrita el 11 de septiembre del 2001 durante el XXVIII Período de Sesiones de la Organización de Estados Americanos) contiene un mandato claro para promover los derechos de los pueblos indígenas como una vía para consolidar la democracia en el hemisferio. Su artículo 9 establece que la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas y el respeto a la diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana.
El 13 de setiembre del 2007, las Naciones Unidas adoptaron la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Aunque ésta amplía la protección y promoción de derechos de los pueblos indígenas, por tratarse de una Declaración y no de una Convención, carece de carácter vinculante.
Ninguno de estos instrumentos internacionales es respetado por los Estados. La vulneración de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas es una constante, una política sistemática. Los pueblos indígenas no son considerados ciudadanos sujetos de derechos, su cultura y su modelo de desarrollo son vistos más bien como “lastres para el progreso”. Y sus justas demandas a derechos consagrados por instrumentos internacionales –e incluso constituciones nacionales y normas internas– son respondidas con la criminalización de esas demandas.

Ver informe completo en http://alainet.org/active/21519&lang=es

LJ

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